Una de las más destacadas y preocupantes se manifiesta en el tratamiento dispar de dos figuras dentro de las autorizaciones por circunstancias excepcionales: el arraigo socioformativo y el arraigo sociolaboral.

Desde la perspectiva jurídica, la contradicción es evidente. El arraigo socioformativo, orientado a regularizar a personas que están cursando formación específica -en muchos casos vinculada a sectores con déficit estructural de mano de obra- exige, además de la matrícula y la superación del curso, un informe de esfuerzo de integración emitido por las comunidades autónomas. En cambio, el arraigo sociolaboral puede obtenerse con la simple presentación de un contrato de trabajo, sin necesidad alguna de ese informe ni de acreditar integración alguna más allá del vínculo formal con un empleador.

La cuestión es inevitable: ¿desde cuándo un contrato laboral equivale, sin más, a integración social? Si el fin declarado de estas figuras es fomentar la incorporación de las personas migrantes a la sociedad española, resulta incomprensible que se exija más a quien se forma, invierte tiempo, recursos y voluntad de inserción, que a quien presenta un contrato -aunque sea precario, temporal o, en no pocos casos, instrumental.

Este tipo de paradojas no son nuevas, pero sí se agudizan cuando las decisiones técnicas empiezan a servir a fines políticos. En un contexto donde se demandan resultados medibles y titulares contundentes, no es casual que se prioricen figuras que alimentan las estadísticas sobre empleo. Así, en los próximos meses, algún responsable institucional podrá anunciar con entusiasmo: «La tasa de empleabilidad en nuestro país ha aumentado un 100% respecto al año anterior.»Un titular redondo. Lo que no se contará es cuántos de esos contratos han sido firmados exclusivamente para facilitar una autorización de residencia, sin que exista una relación laboral real ni continuidad ni dignidad laboral. Tampoco se dirá cuántos se extinguen semanas después, dejando al trabajador en una situación de mayor vulnerabilidad.

Y aquí se revela una ironía inquietante: el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado duramente a las universidades privadas por haber alimentado una supuesta «máquina de títulos» carente de control y rigor académico. Pero hoy, desde el mismo aparato institucional, se impulsa una máquina de contratos como nueva vía de regularización, aún más frágil y menos verificable que aquellas titulaciones cuestionadas.

El contrato se convierte así en la nueva puerta de entrada al sistema, aunque esté sostenido por una ficción. El documento firmado vale más que el proyecto de vida. La apariencia pesa más que el contenido. La legalidad se confunde con integración y el trámite sustituye a la transformación.

La consecuencia directa es que el sistema no solo tolera, sino que incentiva la irregularidad: empuja a las personas extranjeras a recurrir a simulaciones contractuales, a someterse a condiciones laborales abusivas o a abandonar la vía formativa –más genuina y estable– en favor de una alternativa más expedita, pero jurídicamente endeble.

La historia nos deja precedentes. Durante el proceso de regularización extraordinaria del año 2000, miles de personas migrantes acreditaron su arraigo a través de vínculos comunitarios reales: participación en asociaciones, parroquias, cursos, redes solidarias. No había contratos, pero sí comunidad. Hoy, sin embargo, se exige un documento, pero no un vínculo. Se presupone integración donde solo hay empleabilidad formal. Se construye legalidad sin ciudadanía.

El resultado: una extranjería que opera a golpe de Excel, no de derechos. Y lo más preocupante es que, bajo este enfoque, se refuerza una lógica estrictamente utilitarista del migrante: no como sujeto de derechos, sino como recurso productivo. Una visión que, además de ser jurídicamente inconsistente, es socialmente peligrosa, demagógica y éticamente insostenible.